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2021eko apirilak 15

Un estudio elaborado por Deusto Business School concluye que la mayor parte de los políticos se relaciona con lobistas de forma natural y desprejuiciada

La mayoría de los representantes y cargos públicos se relaciona con lobistas de forma natural y frecuente. Un 96,7% ha tratado en algún momento con ellos, mientras el 74,6% mantiene un contacto frecuente. Son datos que se desprenden del estudio La visión de los poderes públicos sobre las relaciones institucionales en España, impulsado por el Foro Empresarial de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), elaborado por Deusto Business School.

Según el informe, que ha sido recientemente presentado en la sede de Madrid, los políticos consideran que la actividad de representación y defensa de intereses ante las instituciones es un pilar fundamental en las democracias modernas. Además, el lobby es visto como un derecho por los grupos de interés afectados y como una necesidad por los representantes públicos y políticos para tomar decisiones sobre una realidad que les resulta compleja y, a menudo, desconocida.

Así, el estudio revela que el lobby profesional y transparente es una actividad útil para el legislador y para el sistema democrático en su conjunto, al demostrar que tiene alta eficacia en España, sobre todo el ejercido directamente por las organizaciones. Un 89,8% de los encuestados considera útil o muy útil la participación de los grupos de interés en la detección de necesidades en la sociedad y el 83,9% en la identificación de preferencias de actuación pública. Sólo un 1,7% de los decisores políticos encuestados señala que las actuaciones públicas no se ven modificadas nunca o casi nunca como resultado de la actuación de los lobbies.

Los recelos hacia la actividad del lobista que todavía existen en determinados sectores de la opinión pública son atribuidos, principalmente, a malas prácticas del pasado; a ciertos prejuicios respecto a la clase política y empresarial, y a la falta de transparencia que aún impera en los procesos decisorios. Únicamente el 22% de los encuestados ve adecuada la normativa actual de los lobbies y más de la mitad (el 68,4%) es partidario de mejorar los mecanismos para la participación de los lobistas en la definición de las políticas públicas con una legislación a nivel nacional que integre o complemente la que ya se ha aprobado de manera dispersa en el ámbito autonómico o local.

El informe, asimismo, evidencia que el lobby no es una actividad exclusiva del sector empresarial; también hacen lobby las ONG, las asociaciones de vecinos e incluso los partidos políticos. El 83,9% de los representantes y cargos públicos encuestado admite que ha tratado con organizaciones sin ánimo de lucro representativas de intereses empresariales y colegios profesionales, aunque reconocen que las organizaciones empresariales son los lobbies más exitosos.

A la hora de evaluar la relación que mantienen con los profesionales del lobby, un 85,6% considera la reunión presencial como una vía de contacto idónea para relacionarse con los lobbies, aunque prácticamente la totalidad de los encuestados coincide en que la crisis de la COVID-19 ha tenido un impacto profundo en la forma en que se relacionan con los lobbies, sustituyendo total o parcialmente la presencialidad por la videoconferencia y otras vías de contacto en remoto.

La investigación se ha nutrido de una encuesta a más de 120 políticos y de una serie de focus groups y entrevistas abiertas con representantes de todos los niveles territoriales y partidos políticos. Esta metodología ha servido no solo para exponer ampliamente las prácticas y el estado de opinión de la clase política respecto a la actividad lobista, sino también para confeccionar un decálogo para el ejercicio de un lobby eficaz, ético y transparente ante las instituciones. Algunas de las recomendaciones que desde las propias instituciones se han formulado son planificar la comunicación con un objetivo claro y bien definido; identificar al interlocutor adecuado dentro del órgano político o administrativo; conocer exhaustivamente el marco jurídico-administrativo en el que se desenvuelven los poderes públicos; presentar argumentos o propuestas que conecten con los de otros agentes afectados o la propia sociedad, y ser muy transparente en cuanto a los intereses representados y los objetivos pretendidos.

El estudio completo puede consultarse en este enlace.